martes, 7 de enero de 2014

DETENCIÓN ARBITRARIA DE PROFESOR FRANCISCO TOLOZA Y PERSECUCIÓN POLÍTICA CONTRA MARCHA PATRIÓTICA:ATAQUE DE SANTOS CONTRA LA PAZ

 4 DE ENERO DE 2014

En innumerables ocasiones, el gobierno de Juan Manuel Santos le ha “exigido” con arrogante actitud a la insurgencia gestos políticos de paz, sin preguntarse qué gestos ha tenido éste para demostrar su vocación por resolver de forma incruenta el conflicto armado que nos agobia. Su único gesto ha sido, y no precisamente de paz,  el de reforzar la guerra y el despojo: aprobar el fuero penal militar, aumentar el presupuesto para las fuerzas armadas, continuar los bombardeos en el campo, extender los dispositivos de criminalización de la protesta social y efectuar la judicialización de quienes  participan en ella o ejercen un liderazgo, la implementación de la reformas a la salud, la  justicia y al régimen fiscal para aumentar la expoliación de los pobres,  son paradójicamente las señales de “cambio” que el presidente le da al país.

Contrario a lo acordado con la insurgencia sobre el  segundo punto de discusión de la agenda pactada en el  “acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, concerniente a la participación política,  el gobierno colombiano mantiene la cacería  contra las fuerzas de oposición así como su complicidad o participación en la exterminación física de las expresiones sociales que como Marcha Patriótica, tienen una propuesta de paz distinta a la idea de pacificación que Santos sueña, idea colmada de cárceles y tumbas. Prueba de ello, ha sido el asesinato de 25 líderes de la  Marcha Patriótica durante el  año 2013, la detención y el montaje judicial contra dirigentes estudiantiles de este movimiento como Carlos Lugo, Jorge Eliécer Gaitán y Ómar Marín,  de dirigentes campesinos como Huber Ballesteros, amenazas de muerte como la que sufrió recientemente la líder campesina Olga Lucia Quintero y a lo cual, se suma hoy la detención de FRANCISCO TOLOZA, reconocido docente, líder social y miembro de la Junta Patriótica Nacional.

Hoy, el movimiento popular, la gente de a pie que decidimos afrontar la violencia del Estado y de sus fuerzas paramilitares, le exigimos al gobierno colombiano, que realice su primer gesto de paz, inexistente al cumplirse más de un año del inicio del proceso de conversaciones con la insurgencia de las FARC-EP. Un gesto que demuestre si existe en verdad el  compromiso del Estado y  del gobierno actual por dar las garantías para que las mayorías, las personas que no confiamos en este régimen político y que hemos sido excluidas mediante el uso de la  moto sierra, las amenazas de muerte, la desaparición forzada, el exilio y por supuesto la cárcel, podamos participar en el escenario público  para resolver  los problemas comunes a la sociedad colombiana. El pueblo colombiano  ha decidido cambiar su futuro y no quiere vivir un nuevo genocidio ni la prolongación  de la barbarie. Ese fue el mensaje de los campesinos en paro, de los estudiantes marchando, de los indignados en la plaza de Bolívar.

Hacemos un llamado para que la solidaridad se haga efectiva y exijamos que se detenga este montaje judicial. Reclamemos  la libertad inmediata del profesor FRANCISCO TOLOZA y de todas  las personas que por razones políticas se encuentran privadas de su libertad.

Ninguna forma de represión implementada por la familia de la guerra, será suficiente para detener el ascenso del movimiento popular y su vocación de paz con justicia social. Nuevas luchas se auguran para este 2014. Una nueva etapa histórica de cambios y transformaciones sin precedentes se vislumbra en Colombia.
COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS FEU-COLOMBIA.






domingo, 5 de enero de 2014

BATIDAS ILEGALES DEL EJÉRCITO EN EL MUNICIPIO DE CHOCONTÁ EN CUNDINAMARCA

ALERTA SOBRE BATIDAS ILEGALES DEL EJÉRCITO EN EL MUNICIPIO DE CHOCONTÁ EN CUNDINAMARCA

Bogotá, 05 de enero de 2013

El Observatorio de Derechos Humanos Iván David Ortiz, alerta a la comunidad en general, sobre los actos desmedidos del ejército ocurridos esta tarde en el municipio de Chocontá en Cundinamarca, llevando a cabo la detención de jóvenes con las denominadas batidas, las cuales por sentencia de la Corte Suprema de Justicia se encuentran prohibidas.

HECHOS
1. La tarde del 5 de enero se presenta la detención de varios jóvenes del municipio de Chocontá Cundinamarca en cercanías a Bogotá, siendo abordados por agentes de apellidos Quintero, Jiménez y Galindo del batallón N°1 del ejercito, quienes realizan la acción de subir a los jóvenes a un camión de placas SHI-474 perteneciente al ejercito y asegurando a familiares presentes que estos serán conducidos a un batallón en el municipio Villa Pinzón donde se definirá su situación militar. Entre los retenidos solo se pudo identificar a: Darío Lizarazo de 17 años de edad, Ever Gómez de 19 años de edad, John Abril (se desconoce su edad), Juan Carlos Ardila de 17 años de edad, y Wilson Gómez (se desconoce su edad).

ANTECEDENTES
1. En el año 2011 la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C–879 de 2011, advierte que las populares batidas o ‘redadas’, realizadas por el Ejército Nacional, son procedimientos irregulares que van en contra de lo estipulado en el Artículo 28 de la Constitución Política de Colombia, y que además sobre interpreta lo dicho en la Ley 48 de 1993, que reglamenta el Servicio Militar obligatorio y las condiciones para el reclutamiento y la incorporación a las Fuerzas Militares.

2. En el año 2011 también se responsabiliza a las fuerzas militares de haber realizado redadas ilegales en el municipio de Soacha y posteriores ejecuciones extrajudiciales de los jóvenes que en varios casos no cumplían la mayoría de edad o fueron llevados bajo engaños y promesas de trabajo.

3. En 2013 se denuncia que en algunos sectores de Bogotá miembros del ejército se encontraban realizando la misma acción en algunas zonas del sur de Bogotá en cercanías a estaciones de Transmilenio o CAI de la policía haciendo operaciones conjuntas de redadas.

Hacemos un llamado a la comunidad colombiana a rechazar totalmente el uso de las redadas y batidas perpetradas por ejército para reclutar a la juventud y llevarla a la guerra contra su voluntad y atentar contra el libre derecho a la movilidad de los jóvenes. Invitamos a todos y todas a no caer en el engaño de agentes militares y a denunciar cualquier acto de retención con motivos de reclutamiento de parte de las fuerzas militares y objetando así el servicio militar obligatorio y las falsas afirmaciones de solución militar. Igualmente reiteramos que la solución al conflicto armado debe hacerse por la vía del dialogo y el respeto a la población civil y generando espacios de discusión sobre las problemáticas que aquejan a los colombianos.

Responsabilizamos al Estado Colombiano, a la alcaldía de Chocontá y a los miembros del batallón N°1 del ejercito, por las posibles violaciones a los derechos humanos de la vida, la libertad, la seguridad personal, la integridad física y psicológica, al trabajo y a la educación de los jóvenes retenidos el día de hoy.

Recordamos que la responsabilidad primaria de protección de los derechos humanos, recae de acuerdo con los principios constitucionales y el articulado de los tratados y Convenios Internacionales, sobre el Estado colombiano, al ser éste el sujeto responsable de velar por el cumplimiento de lo consagrado en la Carta Política y por ser él quien adquiere los compromisos en materia de derechos humanos y de derecho internacional humanitario ante la comunidad internacional. Por tal razón, su mayor deber jurídico es el de prevenir las violaciones frente a estos derechos y tomar las medidas necesarias para investigar, identificar, juzgar y sancionar a los responsables por su acción u omisión, o tomar las medidas preventivas y correctivas de carácter administrativo o político que impida cualquier violación a los Derechos Humanos.

Exigimos al Gobierno colombiano, en cabeza de Juan Manuel Santos, a la gobernación de Cundinamarca y a la alcaldía de Chocontá, tomar las medidas pertinentes de prevención, y protección a posibles violaciones de los derechos humanos de los jóvenes retenidos y de libertad inmediata, así como de hacer un pronunciamiento oficial y expreso frente a los actos irregulares cometidos por los miembros del ejercito.

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