¡Vamos a construir la agenda popular de la Paz con Justicia Social!
¡Vamos a movilizarnos por un nuevo país!
4 al 12 de octubre, semana de la Dignidad. 12 de octubre Paro Nacional
Nos tienen en la Olla y ya nos cansamos. Por eso, el Paro Nacional del 12 de octubre es una oportunidad para que unamos las inconformidades, le digamos al gobierno nacional y a los locales que ha sido suficiente, exigimos un cambio de política y que es el momento de que construyamos nuestras propias propuestas que nos permitan entre todos y todas construir un país en paz, pero con Justicia Social, es decir, resolviendo todos esos problemas que nos aquejan cotidianamente. Sólo si hay pan, tierra, techo, vida digna se evitará que cada vez más colombianos y colombianas se vean involucrados en la confrontación armada.
UN PARO NACIONAL… ¿Y ESO CÓMO POR QUÉ?
Este Paro es para exigir soberanía y para defender el territorio
La palabra soberanía nacional significa que las y los colombianos decidimos hacia donde queremos que vaya nuestro país, se respeta nuestra voluntad y lo primero será siempre velar por los intereses de la mayor parte de la población que vive en la pobreza, con muchas necesidades y con muy malos trabajos y salarios. Que un país sea soberano significa que ningún gobierno o empresa extranjera impone sus propios intereses sobre los del pueblo. Los sucesivos gobiernos de Uribe y Santos no han hechos más que entregar nuestra soberanía. Para la muestra dos botones:
1. En el año 2006 el gobierno de Álvaro Uribe Vélez firmó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, TLC, proceso en el que primero se hace el acuerdo entre los gobiernos de los países, para luego sí pasar el Tratado por el Congreso Colombiano. Fue un acto que se saltó por completo la democracia colombiana, porque jamás nos consultaron a las y los colombianos de a pie lo que se iba a negociar; además, el Congreso colombiano de esa época -reconocido por la presencia de representantes del paramilitarismo y que en su mayoría eran fieles a la políticas del gobierno Uribe- no hizo sino decir que si, cuando ya no había nada que hacer. Esto significa que la nación colombiana no pudo decidir por sí misma si quería o no este tratado. El gobierno de Estados Unidos, las grandes empresas transnacionales y buena parte de las nacionales, presionaron para que se firmara; así perdimos soberanía.
Hoy, en el año 2012, el TLC con Estados Unidos ha entrado en funcionamiento, colocando al pueblo colombiano, sobre todo a los más pobres, en una situación de riesgo, pues buena parte de la producción de campesinos y pequeños y medianos productores puede desaparecer gracias a este tratado, generando más pobreza. Sólo para colocar un ejemplo, mencionemos lo que está pasando con el agro en Colombia. El gobierno de Estados Unidos ofrece grandes subsidios a la producción agrícola de su país para que puedan participar del TLC; mientras tanto, Uribe y su ministro de agricultura Arias, se inventaron el famoso “Agro ingreso-seguro”, que ya vimos, terminó en un gran robo a la nación. Trigo, arroz, maíz, pescado, carne, papa, fríjol y café eran producidos por Colombia, vendiendo algunos de ellos a otros países; ahora los estamos importando. ¡No hay derecho!
Durante los seis años que pasaron entre la firma y el inicio del Tratado, el gobierno y el Congreso no hicieron más que firmar leyes para favorecer a las grandes empresas y a este acuerdo comercial que no protege los intereses de las y los colombianos. La ley sobre contenidos de Internet y medios de comunicación, el Plan de Desarrollo del gobierno Santos, la ley de sostenibilidad fiscal y otras que gracias a la movilización popular no han sido firmadas como la reforma a la educación superior, son muestra de lo poco que han hecho los gobiernos por solucionar los problemas más graves de la población colombiana.
2. El gobierno de Juan Manuel Santos no ha hecho más repetir sin descanso lo bien que va la economía colombiana. “La economía está creciendo” (eso quiere decir que está produciendo más), “se están creando más puestos de trabajo”. ¿Y es que estamos produciendo todas las cosas que necesitamos las y los colombianos para dejar de tener tantas necesidades? La respuesta es clara: ¡NO!
Al contrario, la economía colombiana se está dedicando principalmente a la producción de minerales precisos, como oro, y los que se utilizan para generar energía, como petróleo y carbón. Adicionalmente, otro recurso muy importante como el agua -que nuestras montañas producen de manera privilegiada- está siendo utilizado para crear hidroeléctricas, generando energía que en muchos casos ni siquiera es para los colombianos, sino para venderla al exterior. La pregunta es qué tanto nos beneficiamos las y los colombianos de este tipo de producción.
La mayoría de estos recursos son explotados por grandes empresas transnacionales, que se los llevan y dejan sólo miseria y daños gigantescos en el ambiente. Vemos por ejemplo lo que pasa con el petróleo, que es el producto que más estamos vendiendo a otros países. Aunque no somos el país con las reservas de petroleó más grandes de América Latina, tenemos una cantidad importante que, como es obvio, no son eternas. El departamento que más produce petróleo en Colombia es el Meta y la empresa que mayores explotaciones tiene es Pacific Rubiales, de origen canadiense. Esta sola empresa logró durante el primer semestre de este año 473 millones de dólares en utilidades netas, es decir en ganancias libres. Con este dinero se alcanzaría a cubrir, por lo menos, la mitad de la falta de presupuesto para la salud del país, o se podría pagar todo el déficit de la educación superior pública. Pero no, todos estos recursos van a engordar los bolsillos de los dueños de esta empresa del capital transnacional.
Entonces, ¿qué le queda al país? La verdad es que muy poco en bienestar y mucho en pobreza y destrucción. Las regalías que pagan las empresas del sector minero energético son muy pequeñas comparadas con los daños ambientales y las ganancias. Las empresas que explotan recursos minero energéticos, contaminan el ambiente, utilizan productos tóxicos, desvían ríos, destruyen bosques, y nos privan de disfrutar las selvas, montañas y fuentes de agua que nos pertenecen a todos. De igual manera, los puestos de trabajo que se crean en este sector no alcanzan al 1% de todos los empleos a nivel nacional, como lo reconoció el que fuera ministro de hacienda de Santos. Todo lo anterior se acompaña con la pobreza y miseria que se vive en las poblaciones que sufren la gran minería; toda esa riqueza que se genera no se refleja en un mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.
Conclusión: se deja que las empresas transnacionales usen los recursos para su beneficio exclusivo, prácticamente es como si se los regaláramos, ya que las y los colombianos no podemos usar los dineros que resultan de la venta de estos productos para solucionar nuestras necesidades, destruyéndose el ambiente y creando más pobreza. No somos soberanos para usar el territorio y sus recursos, porque son los intereses de las trasnacionales las que siempre van por delante.
Este paro es para exigir mejores condiciones de vida y trabajo
Mientras las riquezas de los bancos, las grandes multinacionales de petróleo, carbón y oro no paran de crecer, el desempleo en Colombia sigue siendo el más alto de América Latina, afectando particularmente a las y los jóvenes. Según los que siempre han mandado en el Estado colombiano, el grave problema de desempleo en el país es culpa de los altos salarios y el exceso de garantías que tienen las y los trabajadores colombianos ¡qué descaro!
Recientemente el Presidente de la Federación Nacional de Comerciantes de Colombia, Fenalco, Guillermo Botero Nieto, le pidió al gobierno una reforma laboral con la vieja fórmula, empobrecer a los trabajadores para crear más puestos de trabajo. Sin ningún tipo de vergüenza, este representante de los más ricos del país, le dice al gobierno que es necesario que los contratos sean más flexibles, es decir que sea legal contratar pagando menos del mínimo y despidiendo más fácilmente; también pide que por ley no se paguen los festivos y que se obligue a las y los colombianos del común a pagar más impuestos a través de una nueva reforma tributaria.
De igual manera, las condiciones para acceder al derecho a la pensión son cada vez peores. Gracias a que la mayoría de las y los trabajadores tienen contratos que duran máximo dos o tres meses, no pueden cotizar permanentemente a seguridad social. Como consecuencia, los más pobres deben trabajar por lo menos 182 años para lograr una pensión, ¡eso ni viviendo tres vidas! Por el contrario, los más ricos sólo deben trabajar 29 años para conseguir pensionarse.
Bajos salarios y pensiones que nunca llegan van acompañados de grandes desigualdades. Por ejemplo, Colombia es el tercer país más inequitativo del mundo, después de Haití y Angola, esto quiere decir que hay ricos muy ricos y pobres muy pobres. En nuestro país, de 43 millones de habitantes, hay 900 ultrarricos; sólo el señor Luis Carlos Sarmiento -el más rico del país- tiene una fortuna de 12.400 millones de dólares, que es como ganarse 230 veces el Baloto. También somos uno de los países en el que las tierras están peor distribuidas, porque en manos de unos pocos se encuentran concentradas, dejando a miles de campesinos sumidos en la pobreza. Si la torta está tan mal distribuida, las consecuencias serán siempre más pobreza y peores condiciones de vida.
Como si fuera poco, el uso de servicios como salud y educación se está volviendo misión imposible en el país. Aunque muchos y muchas quisieran poder estudiar, es claro que no todo el mundo puede. Los muchachos que van a colegios públicos hoy no reciben educación de buena calidad, ya que cada vez hay menos dinero para invertir y pagarle a los profesores, quienes reciben salarios de hambre. Aunque la primaria y el bachillerato son gratuitos, es una educación hecha para pobres, donde se aprende poco, no se quiere aprender y no se valora el papel de estudiantes y profesores.
El año pasado pudimos ver una gran movilización de estudiantes de universidades en protesta por una reforma que el gobierno de Santos quería imponer. El caso de la educación superior es más grave, porque no sólo faltan recursos para que las Universidades públicas puedan funcionar, sino que para acceder las privadas el único camino son los créditos y las grandes deudas. Pocos pueden ingresar a la educación superior, pues de cada 100 bachilleres, sólo 12 llegan a la universidad. La cantidad de jóvenes que hoy se encuentran sin trabajo, que participan de la guerra, que caen en la delincuencia, son muchachos y muchachas que no tienen posibilidades de estudiar ni trabajar; que terminan el bachillerato y no ven futuro posible. Son jóvenes a los que la forma en la que funciona la economía y la sociedad los está condenando a pobreza y violencia. Son jóvenes que también están en la olla.
Por otro lado, la salud está cada vez peor, porque en silencio se cierran clínicas y hospitales, se despiden trabajadores, se dejan de prestaqr servicios a las comunidades y se siguen robando la plata que debería ir a solucionar estos problemas. En el Oriente del país el 70% de los hospitales públicos están cercanos al cierre; en un municipio de Boyacá se usa un coliseo deportivo como sala de urgencias; el hospital universitario de Sincelejo demora seis meses el pago de salarios de sus trabajadores; hay protestas de trabajadores de la salud en Antioquía, Huila y Bogotá, y tantos otros casos a lo largo de Colombia que muestran que la salud ya se encuentra en estado de coma.
Sin salud, educación, trabajo digno, buenos salarios, con precios de la gasolina por la nueves y con un sistema financiero que se enriquece sin cesar a costa nuestra, no es posible la vida en buenas condiciones para las y los colombianos. ¡Por eso el 12 de octubre Paramos!
Este paro es para avanzar en la Construcción de la Paz con Justica Social
Vientos de esperanza se sienten en Colombia frente a los diálogos de paz. Hoy, las colombianas y colombianos tenemos la ilusión de ver que por fin terminen tantos años de confrontación armada. Sin embargo, todos los problemas sociales, económicos, culturales y ambientales que vivimos continúan alimentando el largo conflicto social, político y armado, porque allí donde han llegado las empresas multinacionales hay guerra; porque el desempleo empuja a los jóvenes a la confrontación armada; porque todas las inequidades en el campo y en la ciudad han originado esta situación de muerte y desplazamiento. Es claro que aquí no ha llegado la prosperidad para todos, sino para una pequeña minoría.
La paz posible y duradera sólo será si se resuelven los problemas de las y los colombianos, si realmente construimos un país para todos, en el que la riqueza creada por trabajadores, campesinos, hombres y mujeres, sea distribuida para que todos podamos vivir mejor y no destinada para seguir engordando los bolsillos de unos pocos. En el que realmente decida el pueblo, donde no se discrimine al campesino, indígena o afrodescediente. Donde todos y todas tengamos libertad de expresar lo que pensamos.
La guerra nos toca, porque son miles los desplazados que hoy son desempleados en las ciudades. La guerra nos toca, porque el presupuesto público se gasta en armas y no en la solución de los problemas sociales y económicos del país. La guerra nos toca porque miles de jóvenes, hijos del pueblo, son sacrificados en la confrontación.
Por eso, con el Paro del 12 de octubre vamos a decir en la calle, a contarle al gobierno, cuáles son nuestras exigencias para que la paz sea posible, porque si a todos y todas nos toca el conflicto social, político, económico y armado, también nos toca contribuir en la solución. El gobierno dice que la paz es entre los que combaten. Pues son nuestros hijos los que van a la guerra; son los impuestos que pagamos los que la financian; son nuestra salud, educación y trabajo los que se ven afectados por que se invierte en guerra y no los problemas sociales. Por eso las y los colombianos debemos participar activamente en la búsqueda de la paz con justicia social y el 12 de octubre diremos que estamos dispuestos a construirla.
¿QUÉ ASPIRAMOS A LOGRAR CON EL PARO NACIONAL?
Aunque no salga por los grandes medios de información, hoy sabemos y vemos que hay muchos colombianos y colombianas que adelantan acciones de protesta, paros, huelgas, tomas, movilizaciones, a lo largo y ancho de nuestra Patria, para demostrar su inconformidad. En Puerto Gaitán en el Meta; Corinto, Caloto y Miranda, Cauca; en los municipios afectados por la represa del Quimbo en el Huila y también en el norte del departamento en la lucha por vías en buen estado; en Cali con los transportadores urbanos; en el Cesar con los trabajadores de Carbones de la Jagua; con los indígenas que se oponen a la desviación del Rio Ranchería en la Guajira; en el Putumayo en contra de las grandes transnacionales petroleras, y en el país los estudiantes universitarios que han pelado por un sistema de educación superior realmente público. En todos sitios tan distintos y tan lejanos –y en tantos otros que no alcanzamos a mencionar-, se han hecho sentir la voces de miles de colombianos y colombianas.
Preguntemos entonces, ¿qué tienen de común todas estas protestas? ¿Será coincidencia que se den en un mismo año? ¿Qué pasaría si todas las protestas se unieran, si juntáramos las rebeldías?
Tantas protestas muestran que el pueblo colombiano está cansado de las difíciles condiciones de vida que hoy tiene y que está dispuesto a cambiarlas mediante la organización y la lucha popular. Pero también que todos los que estamos cansados no nos hemos puesto de acuerdo para unir nuestras voces de protesta y nuestras propuestas, y así lograr los cambios que todos y todas necesitamos y queremos.
Común en todas estas protestas y la difícil situación por la que atraviesa el país es que la responsabilidad es de las políticas dirigidas por los últimos gobiernos nacionales y departamentales. ¡Son esas políticas las que nos tienen en la olla! ¿Quién concede los permisos para la explotación petrolera, de oro y carbón? ¿Quién maneja los sistemas de educación y salud en el país? ¿Quién permite los cambios en los sistemas de transporte? ¿Quién firma acuerdos comerciales con otros países a nombre de todos los colombianos y colombianas? ¿A las y los colombianos y colombianas de a pie nos han preguntado si esas son las políticas que queremos, si son las que resuelven nuestras necesidades?
La importante experiencia de movilización estudiantil del año pasado nos ha demostrado, una vez más, que frenar las políticas del gobierno, totalmente opuestas a los intereses de las grandes mayorías, depende de la organización y movilización. El Paro Nacional convocado para el 12 de octubre, día de la Dignidad, busca dar continuidad a esta importante lección. Desde las organizaciones sociales y populares, desde las comunidades queremos hacer sentir nuestra voz de rechazo a las políticas del gobierno. A nivel de cada municipio, cada región, sabemos que nuestros problemas son similares a las de otros lugares en el país, y sólo la unidad en la protesta y en la construcción de propuestas logrará que cambiemos las cosas que están mal.
Durante los últimos veinte años ha sido difícil poder coordinar las luchas sociales y populares de nuestro país. Aún más, parecía como si ya no existiera resistencia desde los sectores populares. Sin embargo, los últimos cinco años han vuelto demostrar que siempre han existido los que no quieren resignarse a vivir en condiciones de pobreza y guerra, y que están dispuestos a construir alternativas. Pero es importante ir juntando cada vez más las luchas, para que sean cada vez más contundentes. Es por esto que el Paro del 12 de octubre se ha propuesto como punto inicial en el desarrollo de una Campaña Nacional por la Segunda y Definitiva Independencia, por la construcción de un nuevo país, invitando cada vez a más y más colombianos y colombianas.
Este Paro nos permitirá mostrar nuestras inconformidades de manera unificada e iniciar todo un proceso de movilización social para que no se sigan ocultando los problemas sociales, económicos, políticos, culturales y ambientales en Colombia. Diremos en una sola voz que no estamos de acuerdo con las políticas de gobierno e iniciaremos una movilización permanente para mostrar cuáles son los temas de los campesinos, estudiantes, trabajadores, indígenas, afrodescendientes, jóvenes, población LGTBI, hombres y mujeres de los sectores populares, en la construcción de la Paz con Justicia Social.
¡Vamos a construir la agenda popular de la Paz con Justica Social! ¡Vamos a movilizarnos por un nuevo país!
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