La cuestión de la participación
política puede analizarse desde dos puntos de vista: el primero es el que tiene
que ver con los problemas estructurales de carencia de acceso a las decisiones
políticas que moldean el país, es decir, la falta de representatividad y
deliberación; y un segundo aspecto que se refiere a las consecuencias de la
participación política, en específico, de los grupos insurgentes.
En este sentido, es preciso
resaltar que, al hablar de Participación Política, tenemos que hablar de la
posibilidad de generar las condiciones materiales para la participación amplia
de toda la sociedad colombiana, aquella como mecanismo para garantizar que el
rumbo del país sea definido por el poder constituyente y se brinden las
garantías para el cumplimento de los derechos por parte del Estado. Esta
participación, se ha dado en el Estado moderno, casi que por excelencia, a
través de la democracia representativa, en la cual se deposita la confianza de
un modelo de país, en las y los representantes electos[1].
Sin embargo, dentro de la historia colombiana, esta promesa democrática, ha
resultado falaz, pues ciertos poderes económicos y políticos han restringido el
ejercicio democrático, mediante prácticas que van desde el exterminio sistemático
de la oposición[2],
la cooptación de votantes por clientelismo, paternalismo, hasta la presión
militar y paramilitar, la cual ha sido usada muy frecuentemente.
En base a esto, podemos
afirmar que la ausencia de participación
política ha sido un factor que ha alimentado el conflicto armado, y, que en
aras de solucionarlo, debemos entenderlo, al menos en su desarrollo histórico
básico, para comprender la importancia que tiene la superación y eliminación de
todas sus causas estructurales, con el ánimo de no repetir la triste historia,
que ha de ser contada en el marco del nacimiento y desarrollo del mismo.
Si bien el conflicto colombiano
es de alta complejidad y su caracterización está en disputa por las diferentes
tendencias políticas, retomamos la enunciación que hacen Uprimmy y Saffon,
donde dicen que; “Hay varias características del propio conflicto colombiano
que lo hacen complejo. En primer lugar, se trata de uno de los conflictos
armados más largos del mundo. Los análisis más prudentes hablan de 1964 como el
origen contemporáneo del conflicto colombiano, pues éste fue el año en el que
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) se alzaron en armas.
Sin embargo, muchos otros analistas apuntan al periodo de La Violencia de los
años cuarenta como el origen del conflicto tal y como lo conocemos hoy en día.
Sea como fuere, el conflicto colombiano ha durado por lo menos cuarenta años, y
esa situación sin duda dificulta la tarea de lograr una paz negociada que sea
duradera. En segundo lugar, el conflicto colombiano no se desarrolla entre dos
facciones –como sucede usualmente–, sino que incluye varios actores: el Estado,
los grupos guerrilleros y los grupos paramilitares.” [3]
Por su parte, los grupos
paramilitares se han configurado dentro de la lucha contra insurgente, ante la
incapacidad del gobierno de hacer esta labor por vías exclusivamente legales.
Por ende, el paramilitarismo ha sido, como denuncian diversos sectores
sociales, promovido por la institucionalidad, y ha incurrido en graves ataques contra
la población civil, que se intensificaron durante el periodo de la mal llamada “Seguridad
Democrática” del gobierno Uribe, y que
aún persisten, porque el discurso gubernamental de su exitosa desmovilización e
inconexión con las recientemente conformadas “Bacrim” es falso–ese proceso de
dejación de armas fue un fracaso–, lo único que cambió fue la denominación del
actor armado, que controló y sigue controlando las dinámicas políticas
regionales. Razón por la cual, no hay duda en afirmar, que mientras el
paramilitarismo no se desmonte en su totalidad, no habrá forma de garantizar la
participación política, ni mucho menos, la consecución de una paz estable y
duradera.
En sentido es necesario, para
este proceso, hacer una diferenciación muy marcada de los actores del
conflicto, para no incurrir en inexactitudes políticas a la hora de plantearse
una justicia transicional y la necesidad de participación política para lograr
la paz. No se puede caer en el grave error de comparar este proceso de paz con
el de los paramilitares, pues en aquel no se logró ni una verdadera transición,
ni una reconstrucción de la memoria histórica, ni el esclarecimiento de la
verdad, porque nunca se aceptaron las responsabilidades estatales de su
surgimiento y promoción, además, nunca se planteó una discusión a fondo de la
configuración del país, sino una mera desmovilización, que se dio a espaldas
del pueblo colombiano, y que resultó en el enrarecimiento (aún mayor) del
conflicto y no en su solución. Si se pretende lograr una verdadera paz, es
necesario divorciarse de tan odiosas comparaciones y tomar en sus justas
proporciones la mesa de diálogo actual y las propuestas que en ella se han
dado.
Ahora, el discurso desde la ultra
derecha pretende volver a las categorías absolutas. En cuanto a lo específico
de la participación de la insurgencia en la vida política, miran con recelo las
consecuencias sobre las víctimas directas del conflicto, equiparan la
participación política con impunidad, con falta de justicia y mano blanda para
resolver lo que según ellos es la cuestión principal para el fin del conflicto:
la venganza.
Por ello nos parece necesario
entrar a analizar la relación de este tema con uno que parecería más ubicado en
otro punto de las discusiones en la Habana: la justicia transicional y las
víctimas. Abordar el tema desde el sesgo de venganza sería desconocer que la
participación política también pasa por el reconocimiento de las carencias en
cuanto a la inclusión de las víctimas directas del conflicto, y de la sociedad
en general, sobretodo de movimientos organizados en la esfera política por
fuera de las dinámicas tradicionales.
Siguiendo lo anterior, nos
permitimos clarificar la categoría de La Justicia Transicional como un
mecanismo de justicia alternativa que permite el transito político para lograr
un proceso de transición social, en este sentido esta permite la posibilidad de
consolidar un imaginario de nación. El problema principal de la misma son los
mecanismos que generan impunidad, por ello es necesario caracterizar los
derechos de las víctimas en dicho proceso.
De acuerdo al marco jurídico los
derechos de la victimas gravitan en cuatro ejes que son: justicia, reparación,
verdad y garantía de no repetición. Ahora bien es necesario tener un criterio
sobre la ponderación de estos elementos en un proceso de paz que implique la
participación política de grupos que han violado DDHH, teniendo en cuenta, la responsabilidad última del Estado como
responsable del surgimiento y la reproducción del conflicto en Colombia. En
este sentido consideramos que la verdad debe ser el principal criterio de
restauración frente a los derechos de las víctimas, y por ende es necesario,
abordar la configuración del conflicto que vive Colombia, separando a los
actores, e insistiendo en la diferenciación de naturaleza de los mismos.
En este orden de ideas, es
importante, considerar que la justicia transicional, para que sea efectiva en
el marco de una intención legitima y honesta de la consecución de la paz, tiene
que plantearse mecanismos que abran la participación política hacia aquellos
sectores que se les ha negado históricamente, teniendo en cuenta, la reparación
realmente integral, no solo hacia las víctimas directas, sino hacia toda la
sociedad colombiana, garantizando la no repetición.
En suma consideramos que
equiparar la participación política a la impunidad es un craso error, pues
significa desconocer los orígenes e historia del conflicto colombiano político
social y armado, y el carácter que tiene cada uno de los actores que en él
participan, por lo cual debemos tener en cuenta que la urgente solución
respecto a los precarios mecanismos y garantías para la participación política
no solo deben dirigirse a las personas que se han alzado en armas, si no en
general a toda la sociedad colombiana. Asimismo, enmarcar los diálogos y sus
resultados en los aportes que desde la justicia transicional se puedan aplicar,
entendiéndola como la ejecución de la justicia restaurativa, aquella que
garantiza la reconciliación nacional y avances verdaderos en la solución de las
causas estructurales del conflicto, rechazando de tajo la justicia retributiva,
con la que solo se pretende la judicialización
sin más de uno de los actores, dejando de lado la verdadera reparación
para el pueblo colombiano.
Observatorio de Derechos Humanos Iván David Ortiz
Federación de Estudiantes Universitarios
Abril de 2013
[1]
Caben resaltar, las muchas limitaciones que tiene este tipo de democracia, que
se ha probado como despolitizadora de lo que se debería consolidar como poder
constituyente, al alejar las discusiones políticas del pueblo, y por ende
alejando las discusiones políticas fuertes del pueblo.
[2] No
sobra hacer el ejercicio de memoria histórica, sobre el genocidio de la Unión
Patriótica, y la eliminación sistemática de movimientos como A Luchar!, y el ADM-19, probando que la mera desmovilización, no
garantizan la apertura política, ni las garantías para participación.
[3] Uprimny, Rodrigo y Saffon, María Paula. Usos
y Abusos de la Justicia Transicional en Colombia. Pp 167.
