El proceso del actual movimiento estudiantil, congregado alrededor de la MANE compone uno de los avances organizativos y políticos más grandes de la historia del estudiantado colombiano, los objetivos y metas que se han trazado los estudiantes trascienden una lucha de resistencia a las políticas consideradas nocivas para el sistema educativo y pasan a ser hacia la construcción de un nuevo sistema de educación superior mediante amplias jornadas democráticas de movilización y deliberación lideradas por la MANE.
En el marco de lo anterior, las medidas represivas contra el estudiantado colombiano no se han hecho esperar, este 2 de Octubre se cumple un año de encarcelamiento de nuestros compañeros Jorge Gaitán, Carlos Lugo y Omar Marín para quienes exigimos el respeto y garantía al debido proceso, y que no sean víctimas de montajes judiciales ni de persecución por sus labores políticas, además, este 12 de Octubre se cumple un año de la muerte de nuestro compañero Jan Farid Cheng Lugo, el cual en extraños hechos todavía no esclarecidos por la justicia colombiana, según el reporte de medicina legal, fue “un homicidio por artefacto explosivo”, también hemos visto como varios compañeros estudiantes, trabajadores, profesores y procesos de distintas universidades del país han sido amenazados por parte del paramilitarismo y otras fuerzas reaccionarias, cosa que no es una práctica nueva en contra de movimientos sociales y políticos de oposición en Colombia.
En el mismo sentido por parte del brazo armado del Estado, el estudiantado ha venido sufriendo hostigamientos y medidas arbitrarias contra el derecho a la movilización y protesta por parte de la Policía, especialmente el Escuadrón Móvil Anti Disturbios, finalmente, es necesario resaltar las medidas represivas adoptadas por las Instituciones de Educación Superior a través de los estatutos antidemocráticos, decisiones arbitrarias y ausencia de mecanismos vinculantes de participación en contra de las libertades democráticas hacia estudiantes, trabajadores y profesores que han decidido organizarse y sumarse a los esfuerzos de la MANE, medidas que van desde represiones académicas hasta sanciones disciplinarias en contra de los estudiantes, y amenazas de despido, suspensión o recorte del salario y cambio de condiciones laborales para el caso de profesores y trabajadores, vulnerando así el derecho a la asociación consagrado en nuestra constitución política, muestra de lo cual es la situación de la Universidad del Atlántico y de la Universidad de Córdoba, donde estas violaciones generalizadas por el país se presentan de forma más contundente.
En balance, vemos con alta preocupación todos estos hostigamientos, medidas arbitrarias, sanciones, amenazas, atentados, persecuciones y demás hechos en contra de los estudiantes, profesores y trabajadores de las Instituciones de Educación Superior de Colombia, que denotan altos niveles de represión en donde las garantías para el derecho a la asociación, a la movilización y esencialmente para el ejercicio de la democracia se han visto seriamente vulneradas, hechos que además parecen no cesar y que nos alertan sobre el devenir del proceso de la MANE.
Alertamos a la comunidad nacional e internacional, a las comunidades académicas, a las organizaciones defensoras de derechos humanos a nivel nacional e internacional, sobre una posible arremetida represiva en contra del movimiento estudiantil en el marco de las fechas de movilización y espacios de deliberación que se avecinan en el cronograma de la MANE, en donde los montajes judiciales, detenciones masivas y/o arbitrarias, persecución, estigmatización, represión violenta, amenazas y demás medidas coercitivas por parte del Estado y el paramilitarismo y otras fuerzas reaccionarias, se pueden dar en el entendido de que así ha venido ocurriendo en los momentos álgidos de la movilización y confrontación política de la MANE con el gobierno, y en general de los movimientos sociales y políticos con el mismo, además en relación con los hechos ocurridos en las ultimas fechas.
Rechazamos todas las medidas represivas adoptadas por parte del Estado colombiano en cabeza del gobierno de Juan Manuel Santos en contra del estudiantado y el movimiento social en general, medidas que se manifiestan de distintas formas, las cuales pasan por el amedrentamiento en las movilizaciones por parte de la policía, hasta la criminalización y montajes judiciales en contra de los estudiantes, profesores y trabajadores, así mismo, rechazamos las amenazas y atentados en contra de los estudiantes por parte del paramilitarismo y otras fuerzas reaccionarias, a la vez que, responsabilizamos al Estado colombiano por el accionar del mismo, por no garantizar la seguridad y garantías políticas para la participación y construcción colectivas, también rechazamos las medidas violatorias a los derechos a la asociación y a la protesta por parte de las Instituciones de Educación Superior que desde sus espacios de dirección han reprimido de diversas formas a los distintos estamentos de las comunidades que las componen.
Responsabilizamos al Estado colombiano y al gobierno en cabeza de Juan Manuel Santos por todas las violaciones a los Derechos Humanos en contra de la comunidad educativa.
Solicitamos a las diferentes organizaciones, sociales y populares, defensoras de derechos humanos, ONGs y demás, acompañar el proceso de movilización del estudiantado, y brindar su respaldo para blindarlo tanto política como jurídicamente.
Exigimos al Estado colombiano, a la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría, a las directivas y administraciones de las Instituciones de Educación Superior el debido respeto de los derechos humanos y constitucionales a la asociación, movilización, protesta y ejercicio de la democracia, entendiendo que solamente a través del respeto a las voluntades políticas de la sociedad civil para la conducción del país se puede verdaderamente garantizar un orden democrático y el respeto al constituyente primario, así mismo exigimos al Estado colombiano el cese a la criminalización de la MANE y al movimiento social en general, en donde las voces, voluntades y propuestas políticas de los integrantes del mismo no sean acalladas vía judicialización a su accionar, estigmatización, falsos señalamientos y montajes judiciales, lo anterior como un paso esencial para la construcción de la soberanía, la democracia y la paz, a partir de la garantía y el respeto al conjunto de los derechos y libertades democráticas, como base mínima de las transformaciones necesarias para la consecución de un país con soberanía, democracia y paz.
Comisión Nacional de Derechos Humanos
Mesa Amplia Nacional Estudiantil – MANE.
30 de septiembre de 2012
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