BATIDAS ILEGALES DEL EJÉRCITO EN EL MUNICIPIO DE CHOCONTÁ EN CUNDINAMARCA

ALERTA SOBRE BATIDAS ILEGALES DEL EJÉRCITO EN EL MUNICIPIO DE CHOCONTÁ EN CUNDINAMARCA

Bogotá, 05 de enero de 2013

El Observatorio de Derechos Humanos Iván David Ortiz, alerta a la comunidad en general, sobre los actos desmedidos del ejército ocurridos esta tarde en el municipio de Chocontá en Cundinamarca, llevando a cabo la detención de jóvenes con las denominadas batidas, las cuales por sentencia de la Corte Suprema de Justicia se encuentran prohibidas.

HECHOS

1. La tarde del 5 de enero se presenta la detención de varios jóvenes del municipio de Chocontá Cundinamarca en cercanías a Bogotá, siendo abordados por agentes de apellidos Quintero, Jiménez y Galindo del batallón N°1 del ejercito, quienes realizan la acción de subir a los jóvenes a un camión de placas SHI-474 perteneciente al ejercito y asegurando a familiares presentes que estos serán conducidos a un batallón en el municipio Villa Pinzón donde se definirá su situación militar. Entre los retenidos solo se pudo identificar a: Darío Lizarazo de 17 años de edad, Ever Gómez de 19 años de edad, John Abril (se desconoce su edad), Juan Carlos Ardila de 17 años de edad, y Wilson Gómez (se desconoce su edad).

ANTECEDENTES

1. En el año 2011 la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C–879 de 2011, advierte que las populares batidas o ‘redadas’, realizadas por el Ejército Nacional, son procedimientos irregulares que van en contra de lo estipulado en el Artículo 28 de la Constitución Política de Colombia, y que además sobre interpreta lo dicho en la Ley 48 de 1993, que reglamenta el Servicio Militar obligatorio y las condiciones para el reclutamiento y la incorporación a las Fuerzas Militares.

2. En el año 2011 también se responsabiliza a las fuerzas militares de haber realizado redadas ilegales en el municipio de Soacha y posteriores ejecuciones extrajudiciales de los jóvenes que en varios casos no cumplían la mayoría de edad o fueron llevados bajo engaños y promesas de trabajo.

3. En 2013 se denuncia que en algunos sectores de Bogotá miembros del ejército se encontraban realizando la misma acción en algunas zonas del sur de Bogotá en cercanías a estaciones de Transmilenio o CAI de la policía haciendo operaciones conjuntas de redadas.

Hacemos un llamado a la comunidad colombiana a rechazar totalmente el uso de las redadas y batidas perpetradas por ejército para reclutar a la juventud y llevarla a la guerra contra su voluntad y atentar contra el libre derecho a la movilidad de los jóvenes. Invitamos a todos y todas a no caer en el engaño de agentes militares y a denunciar cualquier acto de retención con motivos de reclutamiento de parte de las fuerzas militares y objetando así el servicio militar obligatorio y las falsas afirmaciones de solución militar. Igualmente reiteramos que la solución al conflicto armado debe hacerse por la vía del dialogo y el respeto a la población civil y generando espacios de discusión sobre las problemáticas que aquejan a los colombianos.

Responsabilizamos al Estado Colombiano, a la alcaldía de Chocontá y a los miembros del batallón N°1 del ejercito, por las posibles violaciones a los derechos humanos de la vida, la libertad, la seguridad personal, la integridad física y psicológica, al trabajo y a la educación de los jóvenes retenidos el día de hoy.

Recordamos que la responsabilidad primaria de protección de los derechos humanos, recae de acuerdo con los principios constitucionales y el articulado de los tratados y Convenios Internacionales, sobre el Estado colombiano, al ser éste el sujeto responsable de velar por el cumplimiento de lo consagrado en la Carta Política y por ser él quien adquiere los compromisos en materia de derechos humanos y de derecho internacional humanitario ante la comunidad internacional. Por tal razón, su mayor deber jurídico es el de prevenir las violaciones frente a estos derechos y tomar las medidas necesarias para investigar, identificar, juzgar y sancionar a los responsables por su acción u omisión, o tomar las medidas preventivas y correctivas de carácter administrativo o político que impida cualquier violación a los Derechos Humanos.

Exigimos al Gobierno colombiano, en cabeza de Juan Manuel Santos, a la gobernación de Cundinamarca y a la alcaldía de Chocontá, tomar las medidas pertinentes de prevención, y protección a posibles violaciones de los derechos humanos de los jóvenes retenidos y de libertad inmediata, así como de hacer un pronunciamiento oficial y expreso frente a los actos irregulares cometidos por los miembros del ejercito.